El pasado lunes 23 de julio, Mariano Ciafardini, Profesor en Criminología, brindó una charla sobre “Seguridad Democrática” en el local del PSOL La Matanza.
El profesor Mariano Ciafardini compartió el panel con Graciela Romanelli, representante del secretariado del Psol de la pcia. de Bs. As; y la presentación de los panelistas estuvo a cargo del dirigente del Psol Sebastián Form.
Graciela Romanelli además de saludar el trabajo de las y los compañeros del Psol de La Matanza, se refirió al valor de la participación ciudadana como una cualidad distintiva del Partido Solidario y condición esencial para abordar entre todas y todos no sólo los temas de Seguridad, sino también temas de Salud, Educación, Vivienda, etc. También se refirió a los avances en el tema de Derechos Humanos en nuestro país desde 2003, con el gobierno de Néstor Kirchner continuado por Cristina Fernández de Kirchner, y al rol destacado de los Organismos de DDHH para consolidar estos avances. Al mismo tiempo señaló algunas iniciativas fundamentales del PSOL en el Bloque Nuevo Encuentro de la Cámara de Diputados, tal como el Proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social.
LA SEGURIDAD DE ANTES Y LA DE AHORA
Por Mariano Ciafardini
Antes que nada debe decirse que la cuestión de la inseguridad cotidiana, la cuestión de la inseguridad frente al delito violento, que se da, principalmente, en las ciudades grandes y medianas y que está desde hace tiempo en la agenda mediática, no es sólo construcción comunicacional. Ese es un error en el que el progresismo cae habitualmente y con ello su capacidad de visón de la realidad se ve bastante desprestigiada.
Hay un “noumeno” real, sobre el que pivotea la manipulación destituyente de los grandes medios, y no ver la “cosa en si” es lo peor que nos puede pasar a quienes queremos desarticular la conspiración mediática.
Aceptado ello, debe decirse, ahora si, que sólo un enfoque realista de la cuestión puede traer de la mano alguna solución perceptible al problema, aún en términos de inmediatez, ya que las “salidas por derecha”,que insinúan, cuando no reclaman a viva voz, los empresarios morales de la comunicación monopolizada, nada aportan a algún tipo de solución posible y sustentable, ya que su objetivo es otro: disputar el poder político, para lo que necesitan restar consenso y agitar la oposición activa , para lo que necesitan confundir y alarmar lo más que se pueda. Desde una óptica realista debe analizarse el tema en dos dimensiones.
La primera es la dimensión general, universal de la cuestión. Algo que tiene que ver con las “causas” del fenómeno y la alarma que causa en la población. En este sentido hay que decir que es imposible entender el problema si no se cae, definitivamente, en la cuenta de que el cambio global, que se ha producido en el mundo a partir, aproximadamente, desde mediados de la década de los80 del siglo pasado, es el cambio total e irreversible de todo un sistema de organización social y convivencia (que, con ello, ha entrado en una fase crítica y terminal).
Si se prescinde de la violencia política, que se concentraba en sectores y momentos específicos del escenario urbano, las ciudades de Latinoamérica fueron, durante gran parte del siglo XX, lugares apacibles y “seguros”. Los que tengan edad y memoria podrán recordar lo que era Buenos Aires, y aún su conurbano, durante las décadas de los años 40 y 50 y aún en los 60 y 70 (insistimos: si se prescinde de la cuestión de los enfrentamientos políticos y de clases).
Lo mismo sucedía en las ciudades de Brasil, México, Venezuela y hasta de Colombia y Centroamérica,La globalización trajo, entre otros muchos males, la profunda brecha entre ricos y pobres, que azotó particularmente a Latinoamérica, la destrucción del estado benefactor, el desempleo masivo y la exclusión social y, con ello, la destrucción comunitaria, económica y cultural. La violencia política, luego de llegar al paroxismo con dictaduras genocidas y exterminios masivos, paró con el advenimiento de las democracias, salvo en algunos puntos específicos de conflicto, que aún se mantienen y, fue reemplazada, por una situación de violencia soterrada, en la que no se escuchan los disparos de las armas militares, pero muere mucha gente cada día, principalmente por las situaciones de precarización de la vida cotidiana, que han azotado, particularmente, a los sectores más bajos de la población.
En este escenario el delito común, el robo y, particularmente, el robo con armas, se multiplicaron exponencialmente en todo el continente (un aumento promedio de los años 80 a los 90 de 400 o 500 %). También crecieron abrumadoramente los tráficos de estupefacientes, al aumentar el consumo, por parte de las clases medias de EEUU y Europa, y el de las propias ciudades latinoamericanas, producto de la alienación y el consumismo, que profundizó la misma globalización neoliberal y, también creció el consumo de los, altamente tóxicos, residuos de la fabricación de esas drogas, en los sectores más bajos, en los que parte de la juventud entró, asimismo, a formar parte de las redes de distribución media y minorista de las sustancias, como una alternativa inmediata de subsistencia.
Si en el siglo XX la cuestión del delito común, cotidiano, era un tema secundario que no figuraba en la agenda política y se derivaba, implícitamente, su manejo a la policía, como si no fuera un tema de gobierno, hoy la cuestión ha pasado a ser uno de los problemas políticos de gestión casi primarios. Ahora bien este cambio brutal, en tan corto lapso, ha generado una contradicción en la relación sociedad estado, ya deteriorada de por si por la crisis de representatividad y la corrupción institucional, que aumentara significativamente, precisamente por la destrucción de la política que efectuaron las dictaduras militares y consolidó la mercantilización de todo los espacios sociales, propia del neoliberalismo globalizado.
Esta contradicción radica en que, en gran parte del imaginario social (y en esto los medios efectivamente no solo no ayudan sino que aprovecha perversamente de ello con pura construcción ideológica), se mantiene la ilusión de que el problema de la inseguridad pueda ser solucionado, ahora, de la misma manera que se hacía antes, a partir de la exclusiva gestión gubernamental y principalmente a partir de, la acción policial. Como si se tratara de un simple aumento, menor y circunstancial del delito, se alberga todavía la esperanza de que subiendo cuantitativamente el nivel de prevención-represión (más policías , más penas) la solución estaría al alcance de la mano, y la creencia de que, si esto no se hace, es porque hay una connivencia policial y/o política que lo impide, por intereses espúreos. Como esta corrupción política y policial también existe, efectivamente, en amplios sectores de tales instituciones, “la pruebas al canto” y la película cierra.
Sin embrago esta visión ingenua prescinde de una de las enseñanzas básicas de la dialéctica. Cuando se da un cambio muy importante en lo cuantitativo el cambio se transforma en cualitativo. Cambia todo el escenario y su complejidad es distinta, es mayor. Por lo tanto no sirve el aumentar las viejas recetas, lo que puede ser hasta peor, en determinados casos.
El sistema penal (ley penal, jueces penales , policía y cárceles) es un sistema diseñado para lidiar con pequeños “excedentes” de comportamiento ilegal, En la visión contractualista que está en los orígenes de este sistema, se pretendía que la mayoría de la sociedad actuaría consensualmente dentro del contrato (ley) y, para una minoría, que no lo hiciese, estaría la pena. Cuando las ilegalidades desbordan el sistema y no solo por los delitos de robos y hurtos “al voleo”, en la calle, sino también el delito organizado , las violencias mafiosas, los grandes tráficos de drogas, armas y personas, y la gran delincuencia económica (y ecológica), la ecuación de crimen y castigo, por si sola, ya no sirve. Ya hay lo que se podría denominar un problema de gobernabilidad de la cuestión de la seguridad-inseguridad. Un ejemplo: cuando la cantidad de denuncias de delitos excede la capacidad de procesamiento normal del sistema, sus agentes deben seleccionar que infracciones atienden y cuales dejan pasar. Esto le da al propio sistema un poder de arbitrio fenomenal. En esas circunstancias, aumentar el poder legal de estos agentes, (más facultades de detención, más penas) lo único que genera es mayor poder de extorsión en el manejo discrecional de su poder de captura e imputación. En definitiva se potencian las redes mafiosas en las que están involucrados parte de esos agentes.
Y aquí es donde se debe pasar al otro nivel del análisis del problema de la inseguridad. En esta nueva situación ya no se puede, ni se debe, pedir a la policía o a la cárcel que, por si mismas, solucionen un problema que se genera, de manera sistemática, por la fractura de todo el tejido social e institucional, que es, además, instalada y reinstalada permanentemente por dinámicas globales externas. Hay una gran contradicción en el hecho de pensar que una sociedad, que genera tal cúmulo de problemas graves y complejos, pueda tener a su vez, como separada de ella, en una campana de cristal, una policía y una cárcel, tan puras, eficaces y efectivas, como para solucionar esos mismos problemas, continuamente, cualquiera sean sus dimensiones. Y solucionarlos, además, con un método tan simple y mecanicista como es el de castigo, como amenaza, y el encierro, como corrección.
El gobierno argentino, como proceso que se inicia en el 2003, como varios otros gobiernos de la región, está (y están, de algún modo, todos juntos) tratando de lograr el desacople de las estructura perversas de la globalización, particularmente la financiera. Ese es el punto de partida, indispensable, para poder revertir la dinámica, igualmente perversa, del mercado hacia el interior de nuestras sociedades, y rescatar la política verdadera que permita construir una nueva institucionalidad. Pero, hasta que ese proceso se profundice, es ilógico pretender que alguna medida legislativa, institucional o aún económica o social, pueda dar una respuesta efectiva e inmediata al problema.
De lo que se trata entonces es de armar, en forma urgente, desde abajo, espacios de reconstrucción política verdaderamente democrática que reestablezcan la relación estado sociedad, empezando por los ámbitos del estado más próximos a la gente, como lo son los municipales, pero armarlos de manera que impliquen un a verdadera co-gobernaza de los asuntos más básicos para la vida de las comunidades y los barrios, dentro de los que sin dudas se hallará, en los primeros términos, la cuestión de la inseguridad.
Esto tiene dos potencialidades categóricas. Por un lado contribuye al esfuerzo nacional por el recupero de la autonomía y verdadera soberanía del país y de la región frente a las fuerzas internacionales de la globalización, ya que construye una institucionalidad sana y comprometida sinceramente con el desarrollo del país, indispensable para la sustentabilidad del proyecto nacional.
Por otro, sólo esta dinámica asamblearia –participativa, con centralización gubernamental local, con características de presupuesto participativo y de co-gobernanza, y con planificación, socialización de recursos y rendición de cuentas, es la que está en condiciones de ir recuperando, poco a poco, espacios de seguridad integral, paz y convivencia, como lo han demostrados las, lamentablemente pocas y sólo pasajeras, experiencias que se han logrado desarrollar, en este sentido, cuando hubo voluntad política especialmente de los gobiernos locales y de las instituciones políticas provinciales y nacionales, que tuvieran en cada caso el manejo policial.
