De las 875 hectáreas de espacio verde existentes en el partido de San Isidro, menos del 10% es espacio público. Unas 86,5 hectáreas para una población de alrededor de 300 mil habitantes, lo que arroja apenas 2,96 metros cuadrados por habitante.
El área en poder del Jockey Club es de alrededor de 300 hectáreas y la cantidad de socios es de 6.709(*). En este caso la disponibilidad de espacio verde se eleva a casi 450 metros cuadrados por habitante.
Esta comparación podrá considerarse inadecuada y, sin embargo, muestra claramente la relación entre lo público y lo privado, sobre todo si recordamos que las tierras en poder del Jockey Club fueron, en otro tiempo, propiedad del Estado.
En la actualidad se lo considera espacio semi público, ya que se puede acceder al mismo mediante el pago de una cuota mensual, previo pago de los 76.000(*) dólares que permiten asociarse a un club que fija en moneda extranjera (no la de curso legal) el parámetro que define quién es quién en estas tierras.
Nadie podría suponer que semejante cofradía regentea un espacio que por elitista termina siendo deficitario. La actividad hípica requiere del aporte de 2 millones de pesos mensuales para sostener los privilegios que la clase otorga.
El Concejo Deliberante aprobó el cambio en el Código de Ordenamiento Urbano (COU) que le permite al club disponer de 4,3 hectáreas para ser destinadas a emprendimientos inmobiliarios. Los mismos se desarrollarán en una zona que carece de la infraestructura de servicios que permita sustentar el incremento poblacional que conlleva esta enajenación patrimonial.
En la nota presentada al intendente por el presidente del Jockey Club, Enrique Olivera, con fecha 22 de agosto de 2013, se justifica el pedido de cambio del COU: “Como es de público conocimiento la actividad del turf a disminuido en las últimas décadas y en consecuencia los ingresos del Hipódromo de San Isidro. A diferencia de otros hipódromos, desde el Jockey Club no hemos promovido el desarrollo de otros negocios relacionados al juego, como ser las máquinas tragamonedas, bingos o salas de casino. Esto ha causado perjuicios económicos para el Club, que requieren la búsqueda de alternativas que permitan contrarrestar los efectos adversos mencionados”.
Lo que asomaba como un elemento de presión a favor de obtener la licencia para instalar máquinas de juego al estilo palermitano se transforma ahora en una amenaza al bienestar de los vecinos.
Los cincuenta centímetros de vereda con los que contamos para desarrollar actividades físicas, con serio riesgo de vida, en el sector Este del hipódromo, y la inexistencia de esta limosna en el área del golf nos imponen reflexionar acerca de cómo interpelamos a nuestros representantes en el Concejo Deliberante para saber, en definitiva, a quiénes terminan representando.
Daniel H. Aveni
Dirigente PSol San Isidro
(*) Datos de 2011
