Por Malena Maturano – Lic. Sociología (UNLP)
En la provincia, desde la asunción del nuevo gobierno, las políticas públicas destinadas a atender las situaciones de violencia de género fueron concentradas en un único organismo: la Secretaría de Derechos Humanos.
En este organismo funcionaba el Programa Avm que contaba con un equipo de atención telefónica 24 horas y uno de seguimiento de casos. Al inicio de la gestión de María Eugenia Vidal, la mayor parte de las trabajadoras estaba en planta permanente. Hoy, el 93% de las trabajadoras está precarizada. La totalidad de las operadoras telefónicas además están tercerizadas, ya que están contratadas a través de una empresa privada, Provincia Net.
Además Avm contaba con un monto de dinero que se entregaba a quien administrara la “mesa local de violencia de género” -sea un organismo municipal o una organización social- que se usaba para atender emergencias (por ejemplo trasladar a una mujer y sus hijos/as a su lugar de origen, pagar una noche de hotel para resguardarla, etc.). Sobre este dinero la nueva gestión sostuvo que se trataba de “una caja negra del kirchnerismo para el clientelismo político”, por lo que lo eliminaron, sin reemplazarlo por otro mecanismo que respondiera a la misma necesidad.
Esto va a contramano de la transversalización de la perspectiva de género a los diferentes ministerios, recomendada por todas las expertas y organismos internacionales especializados en la temática. Lo mejor que podría suceder en materia de políticas públicas es que cada ministerio tenga su propia área de género y se proponga en cada una de sus planificaciones medidas para eliminar la discriminación. Y las plasme en “Planes de Igualdad de Oportunidades” anuales que materialicen la voluntad de que no haya ningún femicidio más.
