Por Secretariado PSol Provincia de Buenos Aires
Se han difundido los lineamientos fiscales que conforman el proyecto de Presupuesto de la provincia de Buenos aires para el año 2017.
Este proyecto de la alianza Cambiemos en la provincia resulta nodal para la política de Estado de la Gobernadora Vidal, formulada para los años que vienen de su mandato y cuenta con el apoyo explícito del Frente Renovador de Sergio Massa, sus legisladores y funcionarios adherentes.
En primer lugar, debemos resaltar que del análisis del proyecto de Presupuesto surge claramente la decisión política de continuar endeudando al Estado provincial, en el orden de los $ 60 mil millones, similar monto al tomado en lo que va de 10 meses de gestión, con lo cual solo en la mitad de su mandato Vidal habría más que duplicado la deuda soberana de la Provincia, tanto en dólares como en pesos.
Si bien desde el gobierno provincial manifiestan que el endeudamiento no tiene como destino los gastos corrientes, se desprende del proyecto que solo el 5% de los gastos previstos será para obras, siendo que además la aplicación del endeudamiento previsto irá en un 60% a cubrir el déficit presupuestario de 2017 y el 40% restante al pago de amortizaciones de los compromisos vigentes.
Además del rol central del endeudamiento en el proyecto, y de que se desprende del mismo que en el Plan de obras de infraestructura proyectado se incorpora un 40 % de ellas ya en ejecución, también debemos destacar que en la partida de recursos presupuestada continúa la tendencia histórica de una baja proporcionalidad de tributos provinciales, con una importante dependencia de la coparticipación federal, la cual en el caso de la Provincia no guarda relación económica con su aporte poblacional, productivo y especialmente de valor agregado.
Nuevamente se mantiene la decisión política de basar los recursos provinciales en los Ingresos Brutos, impuesto indirecto, no a los ingresos, sino al consumo, y por ende no se toca el Inmobiliario, que continúa en un plano de regresividad. Este impuesto cada vez tiene menos impacto en el total de los recursos tributarios de la provincia: en el Presupuesto 2017 será menos del 6%.
Se trata claramente de una decisión política de mantener el carácter regresivo de este impuesto, tanto urbano como rural, ya que la Gobernadora excluyó para el Presupuesto 2017 la aplicación del revalúo urbano y rural desarrollado durante este año, que hubiese arrojado una sustancial mejora en la equidad y el rendimiento de este impuesto.
Asimismo, se ha encendido una luz de alarma en el movimiento cooperativo de la provincia, ya que se ha conocido un proyecto de ley impositiva para 2017, en la cual se pretende nuevamente reemplazar, para todas las cooperativas de la provincia, la no sujeción del acto cooperativo en el Impuesto a los Ingresos Brutos, lo que vulneraría un precepto constitucional de la misma carta magna de la provincia, que en su Art. 41 dice “fomenta la organización y desarrollo de las cooperativas y mutuales, otorgándoles un tratamiento tributario y financiamiento acorde con su naturaleza”.
De esta forma se intenta nuevamente poner en riesgo el importante valor agregado del espacio de la economía social, sus tradicionales cooperativas de servicios públicos, las de consumo y producción, el cooperativismo de crédito y la generación de empresas recuperadas y cooperativas conformadas en los últimos años que en la provincia de Buenos Aires conforman un valor cercano al 10% del PBI provincial.
El ministro de Economía provincial, al presentar el proyecto de ley de Presupuesto manifestó: “esto muestra que hemos pasado de la emergencia a la previsibilidad”. No parecería que así fuera, cuando vemos que se recurre en forma serial al endeudamiento, no se toca la matriz tributaria y continúa la inequidad distributiva en los principales conglomerados urbanos de la provincia, afectando principalmente la salud, la educación y las condiciones de hábitat de nuestros comprovincianos.
Tampoco se condicen los supuestos “ordenamiento y previsibilidad presupuestaria” con las declaraciones de la gobernadora Vidal, quien al ser consultada por la posición de la provincia frente al bono de fin de año de $2.000 para los 600.000 empleados provinciales manifestó: “la provincia está quebrada y no nos da el cuero”, cuando resulta evidente que los recursos están en las propiedades e ingresos de grandes propietarios rurales y urbanos, por lo que una reforma tributaria que ponga foco en el Inmobiliario resulta prioritaria en las políticas públicas provinciales.
