Avanza en Mar del Plata la causa por delitos de lesa humanidad que investiga la "Noche de las Corbatas".
El camino iniciado por nuestro país en la defensa irrestricta de los derechos humanos y los avances incontrastables en materia de enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad, nos coloca en la vanguardia de la región.
Habiendo superado con voluntad política la etapa de “no investigación” e impunidad, se generaron logros trascendentes en la determinación de responsabilidades militares y civiles en delitos de lesa humanidad. En lo que respecta a causas que vinculan a funcionarios judiciales, se han logrado avances, que han tenido que desafiar complejos mecanismos de complicidades e intereses. Como siempre sostenemos, la construcción de una sociedad más justa y equitativa deberá estar signada por la desarticulación del fenomenal entramado legal, institucional y económico pergeñado por la dictadura y afianzado en el período de recalcitrante neoliberalismo. El caso del Juez Pedro Hooft de Mar del Plata constituye un claro ejemplo de dicha complejidad. Habiendo sido acusado en el año 2006 por el entonces Secretario de Derechos Humanos de la Nación, por su participación en la denominada Noche de las Corbatas, posee una causa penal y un tribunal de enjuiciamiento en marcha. En los ocho años transcurridos ha apelado a todo tipo de chicanas dilatorias, en las 148 causas que tiene abiertas por delitos que van desde su participación en torturas seguida de muerte hasta denegación de justicia.
En este plano destacamos la contundencia de la Cámara Federal en exigir avances y el resquebrajamiento de sus contactos e influencias dentro del aparato judicial, ante las abrumadoras pruebas en su contra, que deberán finalmente propiciar la suspensión de sus fueros y su presentación a indagatoria. Finalmente destacamos el rol del Estado en la materia al instrumentar la concentración de causas por jurisdicción, evitando así la impunidad biológica inevitable provocada por la dilación procesal, la incorporación de la figura del “Amicus Juriae”, aportando experiencia y argumentos para la investigación de los imputados y la existencia de más de 40 jueces denunciados y/o procesados por sus responsabilidades tanto por omisión o comisión por injerencia en delitos de lesa humanidad.
