ContraEditorial | Opinión
Por Carlos Grande
En un año y medio de gestión del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, 550 días para ser preciso, se produjo un claro golpe de timón en las políticas públicas. Ahora son las clases y los sectores más despojados los beneficiarios directos, después del fuerte ajuste sufrido particularmente en 2018-19. También se iniciaron novedosas vías de transformación que apuntan a cambios estructurales de mediano y largo plazo.
El inicio de esta etapa de reparación social era lo esperable dada la situación de dramática emergencia, recesión, aumento de pobreza y endeudamiento que el desgobierno de Cambiemos le legó al país y que también condiciona a la población bonaerense.
El rumbo que se adoptó desde la sede gubernamental de La Plata tiene su anclaje en una histórica bandera peronista: la Justicia Social. Consigna que desde hace tiempo comparte el amplio conjunto de fuerzas populares que decidieron la elección nacional y la provincial en octubre de 2019.
La pandemia sobrevenida a pocos meses de la asunción del nuevo Gobierno impuso otro componente insoslayable para proteger la salud de la población: la Solidaridad. Que es, además, el eje y la base de nuestras propuestas desde el origen cooperativista del PSol, casi tres lustros atrás.
Sólo a partir de una concepción alejada del neoliberalismo más crudo y contrapuesta a las fracasadas prácticas privatistas, el gobernador Axel Kicillof y su equipo pudieron definir sus prioridades.
Los resultados de los 18 meses de su gestión están a la vista del pueblo provincial, más allá de los esfuerzos opositores y de los grandes medios por ocultar la realidad, tergiversar hechos y palabras, y construir un relato plagado de prejuicios, discriminación y mentiras.
Algunos hechos sobresalientes del Gobierno bonaerense durante este breve período:
– Un Presupuesto más progresivo en el reparto de gastos y recursos.
– Freno a las subas en tarifas de servicios públicos.
– Decenas de medidas de apoyo fiscal a PyMEs y familias, ante la crisis sanitaria, como complemento de las ayudas nacionales.
– Reorientación de políticas crediticias del Banco Provincia, para sostener el consumo y evitar que se profundice la recesión.
– Fuerte asistencia y subsidios a los sectores turístico y cultural.
– Una inédita decisión de garantizar derechos a mujeres y diversidades, y combatir la violencia de género.
– Impulso al cumplimiento de la Ley de Parto Respetado.
– Reinicio de planes de viviendas y obras públicas que permanecían paralizados.
– Importante inversión en infraestructura (rutas y caminos, obras hídricas contra las inundaciones, de agua potable, iluminación, puentes, etc.).
– Reactivación del Fondo de Infraestructura Municipal.
– Respaldo económico y técnico a pequeños y medianos agricultores y productores familiares.
– Refuerzo del sistema hospitalario ante la llegada de la Covid-19.
– Vacunación masiva y creciente contra el coronavirus.
– Nuevos dispositivos y equipamientos para garantizar la seguridad ciudadana.
– Medidas específicas para clubes de barrio, centros comunitarios, sociedades de fomento y otras asociaciones civiles.
– Acuerdo paritario con docentes y diseño de condiciones para asegurar el dictado de clases, aún de modo virtual.
– Reparación edilicia de escuelas, entrega de mobiliarios y materiales educativos en todos los niveles.
– Aumento de las partidas para comedores escolares.
– Protección y aliento del empleo digno a través de la formación laboral y acciones contra el trabajo infantil.
Podrían agregarse cifras y contrastes entre las políticas que hoy desarrolla la provincia de Buenos Aires y las que se aplicaron pocos años atrás. Baste con ensayar una explicación: quienes ahora gobiernan son representantes del pueblo, no voceros o empleados de las grandes corporaciones.
