Agricultura familiar: La cara popular del campo

09/08/2020
Un grupo concentrado de negocios basados en la exportación de carne, cereales, oleaginosas y derivados, monopolizó durante más de un decenio la titularidad del “campo” y logró que se naturalizaran sus privilegios, en desmedro de la población en su conjunto. Esa minoría de empresas terratenientes y propietarias de puertos e instalaciones agroindustriales consiguió además, gracias a su entramado con los mayores holdings mediáticos, invisibilizar a un sector mucho más extendido: el de las y los pequeños productores y trabajadores, las cooperativas y PyMEs de la agricultura familiar. Los planes puestos en marcha en la Provincia de Buenos Aires apuntan a revertir la ausencia de políticas de apoyo, que derivó en un aumento de la inequidad social y la expulsión de jóvenes hacia los suburbios de las grandes ciudades.
Agricultura familiar

Por Carlos Grande

El giro político tras las elecciones de octubre abrió paso a actores sociales y productivos que fueron relegados durante años por proyectos neoliberales. Esta novedad se observa especialmente en el sector agrario de la provincia de Buenos Aires.
Aunque mi especialidad y trayectoria es la docencia y la educación, como dirigente político y observador de la realidad no puedo desconocer que en medio de la pandemia, y aún sin modificaciones estructurales de fondo, el gobierno del Frente de Todos va desplegando de modo gradual un conjunto de iniciativas de signo popular.
Así, a partir de un mayor vínculo con las organizaciones territoriales, el Estado bonaerense puso en práctica diversos programas orientados a recuperar la cara popular del “campo”, con protagonistas de base de la producción hortícola, ganadera, agroecológica, de tamberos y pescadores artesanales, entre otros.
La articulación se viene realizando con entidades que agrupan a decenas de miles de pequeños productores de la economía social, solidaria, cooperativa y familiar, que desde 2015 se vieron librados a una competencia desigual.

Entre los primeros resultados de esas políticas, según se informó, se destacan:

 

  • El lanzamiento de Alimentos Bonaerenses, seis programas integrales que llevan adelante la cartera agraria y el Banco Provincia, para impulsar la producción de alimentos, agregar valor en cada localidad y generar más empleo.
  • Se otorgan créditos a tasa 0% destinados a la campaña de siembra, compra de hacienda, sanidad animal y lechería, semillas, agroquímicos, combustible, hacienda y vacunas, entre otros productos; y préstamos a tasas de 18,5% para compra de maquinaria agrícola.
  • A través Mercados Bonaerenses, en el marco del Plan Nacional Integral “Argentina contra el hambre”, se fortalecerán (pasada la cuarentena) las ferias de productos frescos en articulación con los municipios. Se instalarán además tiendas móviles de abastecimiento, en beneficio de micro, pequeñas y medianas unidades productivas.
  • El desarrollo de la producción agroecológica local de alimentos de alta calidad nutricional alienta un paquete tecnológico alternativo al tradicional, con generación de empleo rural genuino y reducción del impacto ambiental. Se darán así respuestas a las zonas aledañas a urbanizaciones en las que existen restricciones para la fumigación.
  • Se creó una Incubadora de Cooperativas Agropecuarias orientada a grupos asociativos o de hecho, y a cooperativas con menos de dos años de creación, que recibirán asistencia técnica y capacitación específica.
  • Un Banco de Insumos abastecerá a la producción de pequeña escala y la agricultura familiar de elementos veterinarios, semillas y otros recursos para la producción frutícola, hortícola, florícola, forrajera y animal (de tamberos y ganaderos), con tres meses de gracia a devolver en un año; o bonificados en un 50%. Se asiste así a agricultores afectados por eventos climáticos, así como también a los que requieran diversificar su producción o iniciar nuevas unidades productivas a raíz del aislamiento social preventivo y obligatorio.
  • La actividad pesquera y el consumo interno se promueve mediante tres líneas de financiamiento específicas para capital de trabajo e inversión, flota costera, flota rada/ría, fresqueras y plantas procesadoras en tierra, bienes de capital, nuevas líneas de producción, inversiones en tecnología e infraestructura y construcción de buques.
  • La provincia accedió a otros programas antes restringidos al norte del país, como el Procanor, lo que le permitió aprobar 9 proyectos por $57 millones, en beneficio de 1.400 productores.
  • La Nación y la Provincia decidieron además avanzar en políticas públicas y acciones hacia la mujer rural, campesina, indígena y pescadoras artesanales, a fin de construir un sector agroalimentario con equidad social y perspectiva de género en todas las cadenas productivas.
  • La cartera agraria provincial elabora estadísticas sobre el arriendo, para relevar los precios de alquileres de tierras que deben afrontar los productores y saber cuáles son los costos que deben afrontar.
  • En el sector apícola, que provee más de la mitad de la producción nacional de miel, ya se revirtió la tendencia declinante de los últimos cinco años y se trabaja en el desarrollo de proyectos de valor agregado, mejoras en la calidad y acompañamiento a jóvenes emprendedores.
  • En materia frutícola, tras la reducción de montes productivos se impulsan políticas regionales para la expansión de superficies, la introducción de nuevos varietales y el desarrollo del mercado interno y externo.
  • Para reactivar al sector lechero, luego del cierre de más de 500 tambos y la caída de 12% en la producción en el último quinquenio, se asignaron líneas crediticias especiales, entre otras herramientas de respaldo al agregado de valor en las localidades y la exportación.
  • También se aprobaron, en el marco de la ley ovina, 68 proyectos productivos por $ 40 millones en 44 partidos bonaerenses, lo que marcó un récord de beneficiarios, con un aumento de 50% en el presupuesto asignado.

Ese conjunto de medidas del gobierno bonaerense se complementa con el impulso a los mercados de cercanía y los lazos entre municipios, para ampliar la cadena de consumo de alimentos, el desarrollo local y regional.
Además, en el contexto de la emergencia sanitaria la provincia de Buenos Aires aumentó en 137% el presupuesto de asistencia alimentaria escolar, y combinó ese refuerzo con la aceptación de una alternativa ofrecida por el sector de la economía popular para el abastecimiento a precios justos.
Así, durante julio se entregaron 26 toneladas de alimentos (arroz, polenta, arvejas y aceite) al Sistema Alimentario Escolar de Ensenada, provenientes de fábricas recuperadas y cooperativas de pequeños productores agropecuarios.
Esta experiencia de compras públicas, que se extenderá a otros municipios, incluyó a actores como el Instituto para la Producción Popular (IPP), los espacios de intermediación entre productores y consumidores Todos Comen y Central Cooperativa (impulsada por la Universidad Nacional de Quilmes) y la Fundación La Base, que promueve finanzas solidarias a cooperativas.
Entidades de la agricultura familiar, como la Organización Guadalquivir, la Asociación Primavera, la Unión de Trabajadores de la Tierra y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, entre muchas otras, son hoy interlocutores permanentes del Gobierno provincial.
Está claro el contraste con la anterior gestión bonaerense, durante la cual las tratativas se limitaban de modo preferente a la Mesa de Enlace de la gran patronal agropecuaria.

Nota publicada en ContraEditorial el 05/08/2020