Un conjunto de cooperativas eléctricas que prestan servicios en 26 localidades de la provincia de Buenos Aires avanza en el proceso de reducción de sus deudas con Cammesa (la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) mediante un régimen especial dispuesto por el Gobierno nacional.
Las deudas de las distribuidoras cooperativas de energía eléctrica se arrastran desde la crisis que comenzó durante el Gobierno de Cambiemos y se profundizó con la pandemia de Covid-19. Para aliviar el peso de las obligaciones pendientes de pago se estableció un régimen especial de regularización, que lleva adelante la Secretaría de Energía de la Nación.
“Las medidas en curso para reducir una deuda conjunta de más de $ 8.000 millones son imprescindibles para brindar protección a cientos de miles de usuarias y usuarios del servicio eléctrico en la Provincia”, explicó el presidente del Partido Solidario (PSol) de Buenos Aires, Carlos Grande, tras mantener reuniones virtuales con dirigentes cooperativistas.
Las cooperativas eléctricas involucradas en el proceso de regularización financiera son las que prestan el servicio en Villa Gesell, Zárate, Tres Arroyos, Olavarría, Las Flores, Necochea, Pigüé, Pergamino, San Pedro, Colón, Tandil, Chacabuco, Ranchos y Saladillo.
También se reducirán las obligaciones acumuladas por las cooperativas de electricidad de Mariano Moreno, Salto, Azul, Luján, Monte, Ramallo, Puan, Castelli, San Antonio de Areco, Piedritas, Coronel Pringles y Lezama, según informó la Secretaría de Energía.
“El régimen normalizará la cadena de pagos en el Mercado Eléctrico Mayorista, evitará riesgos de desabastecimiento y garantizará el derecho al acceso a la energía eléctrica para los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires, y también beneficiará a cooperativas, prestadoras públicas y privadas de todo el país”, resaltó Grande.
El procedimiento previsto por la normativa gubernamental establece que la reducción de la deuda de las cooperativas eléctricas bonaerenses tendrá en cuenta el mantenimiento de tarifas congeladas, las medidas dispuestas por esas entidades de la economía social en beneficio de la demanda y sus planes de inversiones para mejorar el servicio.
Tras ese proceso, los compromisos que queden pendientes podrán saldarse con un plan de pagos que prevé un período de gracia de 6 meses, desde la firma del acuerdo respectivo; un plazo de 5 años (60 cuotas mensuales); y una tasa de interés del 50% de la vigente en el mercado eléctrico mayorista.
