Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Grande
Las metas del Gobierno nacional, y las de la provincia de Buenos Aires, después de la destrucción económica y social durante el cuatrienio neoliberal y tras el receso provocado por la pandemia de coronavirus Covid-19, pueden resumirse en dos planos. 1) Salvar vidas. 2) Paliar el inevitable aumento de la pobreza con medidas que atiendan especialmente los casos más extremos y que reviertan la desigualdad creciente.
Esos objetivos urgentes, desde luego, no postergarán las demás transformaciones que propuso el presidente Alberto Fernández en su discurso del 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa. O las que viene planteando el gobernador Axel Kicillof. Pero la emergencia obliga a concentrar los esfuerzos del Estado y ocupar un espacio central. Tanto en materia sanitaria como de salvataje y sostén de los trabajadores formales e informales y de la casi totalidad del aparato productivo, en especial las pymes.
Se trata de desafíos apremiantes en áreas como el Conurbano bonaerense, para minimizar los despidos y quiebras, pero también reducir los contagios. No sólo de coronavirus, sino también de sarampión, dengue y otras dolencias.
Las medidas adoptadas por los dos gobiernos, incluidas las simultáneas renegociaciones de las mega deudas paralelas recibidas en herencia, están sentando las bases de las próximas acciones, con la mira prioritaria de defensa de los más vulnerables.
En el frente sanitario, como detalló el ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, la estrategia pasó a una segunda fase. Ya no solo se recibe a pacientes con síntomas en los centros de salud y se atienden demandas a través de la línea 148.
Ahora, como se acordó entre Nación, Provincia y municipios, se está yendo casa por casa para detectar en forma temprana los síntomas y apurar el tratamiento de casos febriles. El objetivo es atacar focos de posibles contagios en los barrios populares por circulación comunitaria donde se hayan presentado brotes en las últimas semanas.
Para acometer este despliegue territorial no basta con la movilización de los gobiernos. Se requiere además una amplia articulación con las organizaciones sociales, sindicales, religiosas y clubes de barrios. Deben explorarse vías solidarias novedosas porque, según advirtió Gollán, “las posibilidades de generar aislamientos domiciliarios se reducen por las condiciones de hacinamiento en estos conglomerados densamente poblados”.
Ya se hicieron pruebas piloto en el barrio La Paz de Quilmes y en Los Amigos y Sargento Cabral de San Vicente, donde se diagnosticó a más de 10.000 personas y se detectó un solo caso positivo, lo cual demuestra que la circulación sigue siendo baja.
Ahora se está replicando esa experiencia en otros distritos en los alrededores de barrios populares que hayan tenido brotes, a fin de atacar los potenciales focos de contagios de manera directa y anticiparse a una multiplicación descontrolada de casos.
Junto a las políticas públicas orientadas a evitar un pico brusco de la pandemia, los 17 millones de bonaerenses son asistidos también por los gobiernos de la Nación y la Provincia en cuanto a sus necesidades alimentarias y de consumo de los servicios básicos (luz, agua, gas, etc.).
Con tales experiencias acumuladas en estos dramáticos cinco meses de gestión, desde el Partido Solidario creemos que están dadas las condiciones para transformar el Frente de Todos en un bloque histórico capaz de asumir una responsabilidad a largo plazo.
Sólo así podremos dar el salto cualitativo que nos permita acotar el poder de los sectores concentrados, que son las grandes empresas y medios que no cesan en la defensa de sus privilegios, a costa del sacrificio de millones, como lo demuestra el rechazo al proyecto que impulsamos, de tributo por única vez que afecta sólo a 12.000 grandes fortunas.
Queda mucho por hacer, mientras la prioridad sigue siendo mitigar los daños del coronavirus, en torno de una amplia redistribución de la riqueza y los ingresos. La centralidad estará en salvar las vidas de nuestros hermanos, pero sabemos que hay que avanzar en la reforma de la Justicia; la gestión de los recursos naturales en beneficio de nuestro pueblo; y la ampliación de derechos, como la despenalización del aborto, entre otras muchas demandas populares y democráticas para toda nuestra ciudadanía.
