Hay suficientes elementos que servirán para interpretar y analizar lo sucedido en Junín. Ciertamente ha habido una seguidilla de hechos violentos, de atentados contra personas y bienes. De allí que el reclamo de la ciudadanía por mayor seguridad y tranquilidad para vivir es totalmente legítimo.
En este año electoral habrá cruces y debates de diversa calidad y seriedad, chicanas políticas; candidatos y precandidatos, figuras de primera, segunda y tercera línea, famosos, periodistas y opinólogos profesionales abordarán las temáticas más diversas con el afán de llamar la atención de la prensa sobre temas sensibles a la ciudadanía.
Y los medios de prensa, de acuerdo a sus intereses, le darán más cobertura y jerarquía a ciertos debates y a ciertos hechos, apelando al título fácil.
No hay duda de que la inseguridad es una problemática compleja, donde se cruzan muchos actores y dimensiones de la realidad social. La seguridad, la violencia social tienen causas profundas y no se revierten sino con inclusión social. En primer lugar, para encarar esta problemática hay que descartar las soluciones mágicas, simplistas y unilaterales, ya que por definición son inviables.
La administración municipal de Junín, que se hace llamar Gobierno Local, espera la resolución del complejo problema de la seguridad con la simple iniciativa de la instalación de cámaras de seguridad y tanto cree en esa iniciativa que ha hecho gala del incremento de su número. Sin duda es una respuesta efectista ante una demanda de la sociedad sin analizar responsablemente la multiplicidad de causas de esta problemática. El enfoque de la actual administración municipal es simplista, marketinero y sin contenido político.
En la cuestión de la seguridad, venimos sosteniendo que hay al menos dos vías de intervención:
La de fondo, a mediano y largo plazo, tiene que ver con la inclusión social, con el trabajo, con el estudio; con el despliegue de políticas que permitan poner a disposición de los sectores más vulnerables alternativas que les permitan pensar y desarrollar proyectos de vida que los van incluyendo socialmente, a la vez que los alejan de las alternativas de marginalidad y delincuencia.
La otra vía es para el mientras tanto y tiene que ver con exigir un aceitado funcionamiento de los sistemas judicial, policial y carcelario. Pero también está relacionada con la prevención situacional y allí contemplamos medidas de
seguridad, vigilancia y control, en el marco del más absoluto respeto a las leyes y a la vida de los ciudadanos, particularmente de los jóvenes.
Claro que para que este segundo paquete de intervención funcione eficientemente, es necesario implementar mecanismos de participación de la comunidad focalizados en las problemáticas concretas de cada sector de la ciudad.
La implementación de políticas verdaderamente democráticas y progresistas, sean en el área del gobierno que sean, son imposibles sin la participación popular. Cualquier política a implementarse sobre el campo de la seguridad es inviable si su puesta en práctica no es acompañada por esquemas activos y dinámicos de participación ciudadana.
En este sentido, la responsabilidad política de la administración municipal de Junín sobre la problemática de la seguridad es no haber generado espacios de diálogo, articulación, consenso y accionar conjunto entre policía, Justicia, instituciones intermedias y ciudadanos.
Los foros de seguridad están vacíos, no va más que algún funcionario, la Policía y algún fomentista que después reclama en solitario en las páginas de los medios locales.
El Estado, en este caso el municipal, debe fomentar la participación popular para buscar salidas efectivas, consensuadas, que busquen involucrar a los ciudadanos, descartando la salida represiva como la única posible, solo así se evitará que una camada de violentos se apropien de un legítimo reclamo popular.
Patricio Díaz, Psol Junín
