En estos días vuelve a emerger un intenso debate alrededor del rol del Estado, en función del envío por parte del Ejecutivo de tres proyectos de ley en las sensibles cuestiones vinculadas a precios, abastecimiento y la relación entre los consumidores y las grandes empresas formadoras de precios u oligopólicas.
Por Horacio Aizicovich
La mayoría de las entidades vinculadas al campo empresarial nacional y de las pymes, así como aquellas cuyo objeto es la defensa del consumidor y de la competencia en otros casos, ha salido a defender la decisión del gobierno de avanzar en el tratamiento de los proyectos de nuevo Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo, creación del Observatorio de precios y modificación de la Ley de Abastecimiento vigente.
En contraposición y en una actitud hostil y antidemocrática, la oposición -tanto política, como corporativa y mediática- pretende demonizar principalmente el proyecto de reforma de la Ley de Abastecimiento, vinculándolo con un fin persecutorio y de penalización a los sectores productivos y comerciales del país, endilgándole al gobierno la responsabilidad de una improbable afectación de la seguridad jurídica y de su efecto negativo en la inversiones privadas.
Por el contrario, debe quedar bien claro en el debate que se está instalando, que se trata esta vez de legislar precisamente para la seguridad jurídica, pero en este caso para los consumidores y el conjunto del pueblo, quienes permanentemente son afectados en sus derechos por las empresas de alta concentración económica y por la acción monopólica en diversos rubros que impacta en la canasta alimenticia y los servicios básicos.
Significa, además, un cambio radical en el tratamiento de las multas aplicables, ya que se legisla para que paguen primero y después reclamen, como les ocurre habitualmente a los propios usuarios y consumidores.
Es preciso recordar que la Ley de Abastecimiento, que formó parte del paquete de leyes y medidas gestadas por el equipo de José Ber Gelbard entre 1973 y 1974, se encuentra plenamente vigente, y, la reforma mantiene el espíritu de la ley de 1974 y morigerando además sus efectos punitivos, dado que elimina la posibilidad de dictar penas privativas de la libertad por violar la Ley.
Por ultimo, y como elemento fundamental de discusión frente al embate de los comunicadores neoliberales y del sector empresarial concentrado en su ataque al proyecto del Gobierno, cabe recordar que en los países centrales, del sistema capitalista, como Francia, EEUU o Alemania, existen leyes similares que limitan el accionar monopólico, establecen reglas precisas sobre el abastecimiento, el precio y la oferta e inclusive permiten a los órganos de contralor penetrar en la cadena de valor y la formación de precios para regular mejor la actuación empresarial, en defensa del entramado pyme y de diversos sectores de la producción nacional.
Se trata de una excelente iniciativa, democrática y progresista, para ser debatida plenamente en el Congreso, en línea con la necesaria profundización de las políticas de un Estado activo y preocupado por defender la producción nacional y el empleo, frente a quienes pretenden hacernos creer que existe una mano invisible que ordena el mercado, cuando hoy queda perfectamente claro que la mano resulta invisible para quien no la quiere ver, ya que es la mano de las grandes corporaciones del poder económico y mediático, que operan para forzar un cambio de rumbo en el país.
