Por Carlos Grande
Millones de bonaerenses de todas las clases sociales —usuarios de celulares, internet, telefonía fija y TV por cable— verán reforzados sus ingresos por la decisión del Gobierno nacional de declarar a esas prestaciones como “servicios públicos esenciales”. Será un beneficio económico significativo, al congelarse las tarifas respectivas, en la actual coyuntura de emergencia por la pandemia.
Pero más allá de esos efectos favorables, el Poder Ejecutivo lanzó una clara señal en resguardo de los derechos de la mayoría de la población frente al abuso de las corporaciones, en este caso en el sector de las telecomunicaciones, que pone en riesgo inclusive prestaciones imprescindibles como la telemedicina.
A la excesiva rentabilidad empresaria, a partir de un grado de concentración inédito en la economía argentina, la decisión oficial opone una idea más democrática, de servicios de comunicaciones que garanticen el acceso a la educación, los consumos culturales, la capacitación, el trabajo y la producción.
Mejorar el contacto y los vínculos entre personas, facilitar herramientas públicas y privadas a toda la sociedad, es una ampliación de derechos necesaria, a la que sólo se oponen los mismos grupos oligopólicos de la actividad a través de los medios hegemónicos que controlan.
En contraposición con las críticas elevadas por voceros políticos conocidos por su defensa de los negocios privados, tras el congelamiento de tarifas decretado hasta fin de año el Estado recuperará la potestad de ponerle tope a los aumentos de cada sector, a través del Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom).
Las compañías que ofrecen servicio de TICs (Tecnologías de Información y Comunicación) tienen ahora la obligación de establecer una tarifa básica y un plan universal, obligatorio y accesible para todos los ciudadanos y ciudadanas, en lugar de los onerosos abonos prepagos actuales de la telefonía celular. De ese modo se garantizará el acceso inclusive en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.
El reencuadre no afectará a miles de PyMEs y cooperativas prestadoras de todo el país, ya que sólo alcanza a empresas que preparaban nuevas subas de tarifas de telefonía, internet, cable y teléfono desde septiembre, como Telecom, Movistar y Claro, y también a otros grandes actores como Telefónica, Cablevisión, Telecentro, Personal, Claro, Fibertel y Speedy.
Es notorio el caso de Telecom-Cablevisión-Fibertel-P
Una Buenos Aires más y mejor conectada, junto al resto de las provincias del país, será uno de los factores centrales de la recuperación post pandemia, mientras avanzan nuevas reformas en beneficio de las grandes mayorías.
