Por Carlos Grande
El Gobierno bonaerense puso en marcha el Censo Provincial de Infraestructura Social, con el fin de conocer, relevar, procesar y registrar información de las asociaciones civiles de primer grado constituidas en la provincia de Buenos Aires.
Además de los clubes de barrio, centros de jubilados y sociedades de fomento, el relevamiento abarcará a centros culturales, jardines comunitarios y organizaciones de comunidades migrantes.
El censo registrará también a los comedores comunitarios que funcionan en el ámbito de la provincia, a fin de realizar un seguimiento y sistematización de la asistencia alimentaria, y la coordinación de políticas con base de datos ciertos y confiables.
De este modo se recogerá información sobre el efectivo funcionamiento de esas asociaciones; la situación dominial de sus inmuebles; los servicios con que cuentan; y las actividades que desarrollan.
Esas actividades fueron dispuestas en la Ley provincial 15.192, promulgada a fines de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria y de la urgencia de las asociaciones civiles para acceder a las tarifas reducida de servicios públicos.
La Ley declaró de “interés público provincial” a esas asociaciones, a las que calificó de “intermediarias imprescindibles para el acceso a muchos derechos y la mitigación de necesidades” de sus integrantes.
Priorizar las urgencias de los sectores sociales vulnerables, en cualquiera de sus manifestaciones, es una constante del Frente de Todos bonaerense, en un claro contraste con las políticas neoliberales y antipopulares de épocas recientes que derivaron en una crisis sin precedentes.
Para inscribirse en el censo provincial, ingresarse al link www.gba.gob.ar/dppj/
