Por Carlos Grande
El objetivo de mayor producción, recomposición de stocks vacunos y aumento de las exportaciones sólo es plausible en la medida en que haya una garantía de abastecimiento al mercado interno, a precios razonables.
Al contrario, la práctica continuada de los grandes operadores, de priorizar las ventas de carne al exterior, viene profundizando la brecha de distribución de ingresos: de un lado, grupos minúsculos que logran crecientes ganancias; del otro, gradual desatención de la demanda de amplios sectores medios y de bajo poder adquisitivo.
La medida de cierre temporal de envíos trasfronterizos, adoptada por el Gobierno nacional, busca defender el interés del conjunto de la población, mientras dirigentes ligados a la anterior gestión se alinearon, como lo hicieron en 2016-19, en defensa del lock out y del mega agronegocio.
Tras la intervención estatal, las tratativas en busca de un acuerdo coyuntural apuntan a sentar las bases de mediano y largo plazo para ordenar el mercado ganadero, sin someterse a extorsiones ni a intentos desestabilizadores.
Quienes siembran alarmas sobre la presunta pérdida de mercados externos y amenazan con cierres de frigoríficos y despidos de trabajadores, son los políticos y empresarios anti Gobierno y pro “libre mercado” (con todas sus consecuencias de profundización de las injusticias socio económicas).
Las transformaciones macro y microeconómicas en curso, incluidas las medidas nacionales y de la provincia de Buenos Aires, en respaldo de pequeños y medianos productores y comerciantes, alientan un nuevo equilibrio y apuntan a quebrar la tendencia concentradora en el campo, como en otras actividades productivas.
