La puesta en marcha del plan Argentina contra el Hambre en la provincia de Buenos Aires con la primera entrega de 124.100 tarjetas alimentarias en el conurbano es una medida de gran envergadura que se suma a un conjunto de políticas que viene implementando el gobierno bonaerense para atender la emergencia social que enfrenta, luego de 4 años de gestión del gobierno de Cambiemos.
La posibilidad de bien alimentarse no puede ser un privilegio, sino que debe ser reconocido como un derecho universal y por tanto ser garantizado por el Estado. La lucha contra el hambre es una prioridad a atender durante los primeros meses de gestión ya que si no logramos revertir el estado de emergencia en el que se encuentra la provincia en materia alimentaria, no hay forma de que los y las bonaerenses puedan acceder a otros derechos esenciales como el derecho a la salud, la educación, el trabajo.
Nuestra provincia hoy es “tierra arrasada”, las políticas neoliberales desarrolladas durante el gobierno de María Eugenia Vidal empujaron a millones de personas que viven en el conurbano a la pobreza, afectando principalmente a niños y adolescentes. Según el último informe de inseguridad alimentaria del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, 14,5% de los niños y niñas que viven en el conurbano padecieron hambre y el 6% no recibe ningún tipo de asistencia alimentaria.
Este escenario muestra el carácter deficitario de la política alimentaria de la gestión anterior y la necesidad de implementar políticas integrales de mayor escala y calibre. El trabajo entre el Ministerio de Desarrollo Social, ANSES, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y el gobierno provincial para la puesta en marcha del plan Argentina contra el Hambre da cuenta de un cambio de rumbo en la materia.
Si bien la entrega de la Tarjeta alimentAR apunta a proteger a un sector específico como las y los beneficiarios de la AUH con hijos de hasta 6 años o con discapacidad y beneficiarias de la asignación universal por embarazo, esta es la primera etapa de un conjunto de políticas que buscan fortalecer el desarrollo local provincial y, con ello, el nacional. El plan cuenta, además, con otros ejes vinculados con la aplicación del programa Precios Cuidados, el refuerzo de la alimentación escolar, el diseño de una canasta alimentaria saludable a partir del apoyo a la producción y la comercialización de alimentos provenientes de la economía social, el cooperativismo y la agricultura familiar.
Esta nueva política pública, junto con la implementación de la ley de emergencia económica, social, productiva y energética, el reperfilamiento de la deuda provincial y la aplicación de la ley impositiva, a pesar de su regresiva modificación, son un conjunto de instrumentos que tienen como objetivo comenzar a transformar la realidad bonaerense, atendiendo a los sueños y esperanzas de quienes acompañaron con su voto el proyecto de provincia impulsado por el Frente de Todos.
