Por Carlos Grande
Las y los bonaerenses serán beneficiarios directos de la decisión del Gobierno nacional de intervenir el Grupo Vicentin, que arrastra deudas por más de $ 1.600 millones con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, además de los más de $ 18.000 millones que le debe al Banco de la Nación.
Pero además de mejorar las condiciones de recupero de esos créditos, otorgados a la compañía hoy concursada durante la gestión de Cambiemos, la intervención directa del Estado en el agronegocio es una apuesta estratégica de largo alcance.
En primer lugar, porque el gobierno del Frente de Todos optó por el mejor camino para evitar que la empresa se transnacionalice o se desguace, destino que se avecinaba de no haberse reaccionado a tiempo.
La administración de YPF Agro garantizará la permanencia de los puestos laborales en Vicentin, dará la mejor respuesta al tendal de proveedores pequeños y medianos productores así como también a las cooperativas agropecuarias afectadas, y fortalecerá la soberanía alimentaria.
Permitirá además contar con una empresa testigo en un sector clave para el ingreso de divisas al país, dado que la empresa concentra el 10% de las exportaciones de granos y derivados.
La participación del Estado en la actividad, junto a cooperativas y otras empresas de capital nacional, promoverá la captura de valor en la cadena agroindustrial y la distribución de esa riqueza dentro del territorio nacional.
Los grupos que agitan fantasmas para defender sus privilegios no podrán frenar la investigación sobre las irregularidades en el otorgamiento de los créditos a Vicentin.
Mientras tanto, la intervención y la posterior expropiación por la vía parlamentaria seguramente demostrarán ser las mejores herramientas para evitar la extranjerización y combatir a la vez las maniobras de evasión fiscal y fuga de capitales.
